Descripción
El proyecto busca aportar un panorama de la situación actual y se centra en identificar algunas de las medidas oportunas y efectivas que se deben adoptar para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Lo anterior tiene como finalidad que los países que representan una amenaza para las personas defensoras y que han ratificado el Acuerdo de Escazú, como México, puedan implementarlo de manera efectiva.
Problemática
México ocupa los primeros lugares de la lista de los países con mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Lamentablemente, a pesar de la importancia que la labor de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales tiene dentro de la sociedad, el ejercicio de esta actividad continúa siendo una de las más peligrosas en esta región.
Objetivo
El objeto del proyecto es analizar la naturaleza y el alcance de las obligaciones de los Estados signatarios del Acuerdo de Escazú, en relación con los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo, que entró en vigor el 22 de abril de 2019, es el primer tratado sobre asuntos ambientales en la región de América Latina y el Caribe, así como el primero en el mundo en incluir disposiciones vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Impacto
Se realizó un producto de investigación que se buscará publicar. Asimismo, la responsable del proyecto fue invitada a un evento internacional, financiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, realizado en la Cancillería en la Ciudad de México, para participar como parte de la academia y discutir sobre el Acuerdo de Escazú y su implementación en México.
Adicionalmente, se grabó un spot en UABC Radio como parte del programa Búho Legal y en temas de Cultura de Paz, en el que se aborda la relevancia de este importante acuerdo internacional y las obligaciones de México en relación con la protección de las personas defensoras ambientales.